Polémica en el Congreso por rebajas de condena a sentenciados por delitos sexuales contra menores: Ejecutivo y parlamentarios activan reformas de urgencia
La concesión de más de medio centenar de reducciones de pena a condenados por abusos y violaciones reabrió una fuerte disputa política sobre la aplicación retroactiva de la ley, llevando al Parlamento a tramitar cambios legales para prohibir de raíz estos beneficios
Por HugoCrocco
Una fuerte tormenta política y legislativa se instaló en el Congreso Nacional tras conocerse que el Ministerio de Justicia tramitó 56 decretos de rebaja de condena a reclusos sentenciados por violación y abuso sexual de menores de edad. La revelación desató inmediatas críticas desde distintos sectores parlamentarios y encendió alarmas en organismos como la Defensoría de la Niñez, que exigió esclarecer los criterios adoptados y la debida protección a las víctimas.
Desde la cartera de Justicia, el ministro Fernando Rabat argumentó que las resoluciones respondieron al principio de irretroactividad de la ley penal, aludiendo a que los sentenciados fueron condenados bajo la normativa previa a la Ley 21.421 de febrero de 2022, marco temporal en el que —según la secretaría de Estado— la jurisprudencia de recursos de amparo obligaba a tramitar dichas solicitudes. Sin embargo, la explicación fue duramente refutada en el Parlamento y cuestionada tras conocerse fallos de la Corte Suprema que sostienen que la rebaja de penas constituye una facultad discrecional y no un derecho adquirido.
El debate no tardó en escalar hacia el terreno político: mientras desde la oposición se amenazó con interpelaciones a las autoridades de Justicia, salieron a relucir antecedentes de 276 rebajas otorgadas bajo causales similares durante la administración anterior, evidenciando un vacío normativo de larga data en la ejecución de penas.
Frente al rechazo público y la presión parlamentaria, un grupo transversal de senadores y diputados ingresó iniciativas y reformas constitucionales para clausurar de forma definitiva cualquier excepción que permita a agresores sexuales de niños, niñas y adolescentes acceder a reducciones de condena. Ante este escenario, el Ejecutivo comprometió urgencia legislativa para despachar a la brevedad los ajustes legales que garanticen el cumplimiento íntegro y efectivo de estas sanciones privativas de libertad.