Justicia argentina sobresee a Javier Milei y a su hermana Karina en la causa por la criptomoneda $LIBRA
El tribunal determinó que los hechos denunciados no constituyen delito, tras lo cual el mandatario calificó la investigación como una maniobra política orientada a desestabilizar su gobierno.
Por HugoCrocco
A más de un año de que se iniciara la causa en torno al caso $LIBRA, la justicia argentina desestimó las acusaciones por presunta estafa que pesaban contra el presidente Javier Milei y su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El dictamen benefició en total a once investigados y descartó además cargos por abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública.
El expediente se abrió a raíz de una publicación realizada por el mandatario en la red social X, en la que mencionó el proyecto de criptomonedas $LIBRA para luego eliminar el mensaje poco tiempo después. La difusión provocó un incremento abrupto en la cotización del activo digital seguido por una caída inmediata, lo que derivó en pérdidas estimadas en cerca de 100 millones de dólares para los inversionistas. Aunque Milei negó haber promovido la divisa, el episodio motivó una investigación penal.
El juez federal a cargo del caso, Marcelo Martínez de Giorgi, resolvió archivar las actuaciones al determinar de manera concluyente que los sucesos denunciados no encuadran en ninguna figura penal tipificada por la ley.
Tras conocerse el fallo, Milei abordó públicamente el cierre del proceso judicial durante un acto en la Fundación Faro. En su intervención, el jefe de Estado afirmó haber sido víctima de una maniobra coordinada para perjudicar su gestión.
“¿Ahora quién me compensa por un año, ocho meses y nueve días de mentiras, calumnias e injurias que buscaron manchar mi buen nombre y honor?”, cuestionó el mandatario, quien aseguró que la resolución judicial dejó al descubierto “una tremenda operación política y mediática” orientada a “dañar la investidura presidencial con fines golpistas”.
Milei atribuyó la denuncia a sectores opositores y grupos empresariales a los que acusó de extorsión institucional, advirtiendo que continuará su programa político sin concesiones frente a lo que definió como resistencias del statu quo.